crónica de un desastre anunciado

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Parece que una maldición persigue a las obras que se realizan en nuestro Ayuntamiento, será noticia el día que un contratista haga las cosas bien, sin retrasos, sobrecostes o sorpresas varias. Recientemente hemos visto el último capítulo de una obra que acumula ya un retraso escandaloso. Se le acaba de aprobar una tercera prórroga, se trata de la construcción del depósito de la Loma.

 

El 20 de diciembre de 2018 la mesa de contratación evaluó a 21 empresas presentadas a licitación. Increíblemente el único criterio a evaluar que se estableció fue el precio, a todas luces algo peligroso como ya protestamos en su día y parece que lamentablemente el tiempo nos da la razón. La oferta más económica presentada por SIECSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. por importe de 1.436.800 Euros IVA no incluido se calificó como anormalmente baja. Ya sabemos lo que suponen en la práctica esas rebajas temerarias, implican menos mano de obra y maquinaria de la necesaria, lo que se traduce en retrasos en la conclusión de la obra.

El 3 de mayo de 2019 se formalizó el contrato con un tiempo para la ejecución de la obra de 10 meses. La ejecución de las obras no empezó hasta el 5 de septiembre, inexplicablemente 4 meses después, cuando el plazo habitual es de 1.

 

En junio de este año 2020, PODEMOS CASTRO denunció que las obras estaban paradas, pero no paradas desde hacía semanas, sino desde hacía muchos meses. La fotografía de abajo se tomó el día 7 de diciembre de 2019.

Esta fotografía se tomó el día 16 de junio de 2020, siete meses después. ¿Hay diferencias sustanciales a pesar de que el Concejal de Urbanismo negara públicamente, en una emisora de radio local, que las obras estuvieran paradas?

La comparación de ambas fotografías demuestra palmariamente que las obras llevaban paradas, al menos, 7 meses. Los retrasos no es que se acumulen, es que son ya un abismo.

A partir de la denuncia de Podemos Castro, se precipitan los acontecimientos y la catarata de prórrogas se suceden. El 8 de julio de este 2020, SIECSA informa que “debido a la necesidad de calcular la estructura del depósito, y como consecuencia de los inconvenientes sufridos por la pandemia COVID 19, se ha producido un retraso en la ejecución de los trabajos respecto al plan de obra inicialmente estimado, motivo por el cual solicito la ampliación del plazo de finalización de los trabajos hasta el día 31 de octubre de 2020”. El Ayuntamiento le concede una prórroga hasta el 31 de octubre de 2020. PRIMERA PRORROGA.

 

Nada que objetar a una prórroga equivalente al tiempo que la construcción estuvo detenida en el mes de abril, que fueron 11 días exactamente, pero ¿y los más de tres meses restantes de prórroga? Resulta chocante que el 8 de julio de 2020 la empresa SIECSA, adjudicataria de la obra, necesite calcular la estructura del depósito. ¿Quiere decir que con las obras comenzadas el 5 de septiembre de 2019 aún no habían calculado la estructura del depósito 11 meses después? Más que chocante, parece que se le ha concedido la obra de construcción del depósito a una empresa que no parece tener demasiado claro el orden de los trabajos previos a la fecha en que se comience a verter el hormigón.

Los despropósitos no acaban ahí. El 27 de octubre de 2020, a punto de expirar la primera prórroga, la empresa SIECSA registra una nueva petición en el Ayuntamiento, en los siguientes términos: “mediante el presente escrito nos dirigimos a ud para ponerle de manifiesto que una vez definida la configuración de la estación de bombeo a ejecutar en la calle Riomar, adaptada a las necesidades reales en fase de explotación y conocidos los plazos de entrega de los mecanismos a suministrar y dado que ha habido que adaptar, coordinado con la Consejería de obras Públicas, Urbanismo y Ordenación del Territorio, el trazado definitivo de la tubería por la carretera autonómica se ha producido un retraso en la ejecución de los trabajos según respecto al plan de obra inicialmente estimado, motivo por el cual solicito la ampliación del plazo de finalización de los trabajos hasta el día 12 de diciembre de 2020”. Lo de arriba, literal.

 

¿La empresa SIECSA no sabe que la carretera N634, entre la entrada del cementerio y el alto de la Cruz es propiedad del Ayuntamiento de Castro Urdiales, que no es una carretera de titularidad autonómica como la define en su escrito? ¿Y el Ayuntamiento no se ha encargado de hacérselo saber? ¿Qué pinta entonces en este embrollo la Consejería de obras Públicas, Urbanismo y Ordenación del Territorio? ¿Necesita la empresa SIECSA 42 días para cortar la N634 a la altura de la rotonda de la gasolinera de Brazomar, tender la tubería de servicio al depósito, volver a cerrar la brecha y asfaltar? Eso se hace en una mañana. Esto ya empieza a sonar a película mala de Ozores. El caso es que el equipo de gobierno municipal le concede a SIECSA la prórroga solicitada. 42 días más. SEGUNDA PRÓRROGA.

 

Aún no ha acabado el disparate. El 4 de diciembre, en el colmo de la desfachatez, con la segunda prórroga a punto de vencer, la empresa SIECSA presenta un nuevo escrito en el que manifiesta literalmente: “mediante el presente escrito nos dirigimos a Ud. Para ponerle de manifiesto que, debido a la retirada de equipos de obra y la puesta en marcha y ajuste de la instalación así como la gestión y tramitación de la acometida eléctrica al bombeo, se ha producido un retraso en los trabajos respecto al plan de obra inicialmente estimado, motivo por el cual solicito la ampliación del plazo de finalización de los trabajos hasta el día 12 de Enero de 2021”. ¿Qué hace el equipo de gobierno? Exacto, muy gentilmente, conceden una tercera prórroga, que probablemente no será la última, de un mes más, hasta el 12 de enero de 2021. 31 días más. TERCERA PRÓRROGA.

 

Lo más grave de este asunto es que por cada día que esta empresa se demore se puede penalizar (según establece el artículo 193 de la Ley de Contratos del Sector Público) con 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. Como el precio del contrato son 1.436.800 euros IVA excluido, la penalización por cada día de retraso serían 862,08 euros. Con las prórrogas por supuesto, probablemente no veremos un duro. Echando cuentas y restando las dos semanas que paró la construcción en abril, tenemos un retraso de 176 días, lo que equivale a 151.712 € en penalizaciones que, esperemos, nuestro generoso equipo de gobierno no le vaya a perdonar a la empresa SIECSA. Si se lo perdonara, será un dinero que no irá a nuestro Ayuntamiento, tocará pagar a escote.

 

Queremos recordar al equipo de gobierno municipal y a la ciudadanía en general otro fiasco reciente de obra pública municipal, los túneles de Ocharan. En aquella ocasión, el Ayuntamiento hubo de pagar una ampliación de presupuesto para compensar a la empresa constructora, por obras complementarias (una de ellas consistente en un capricho de la propietaria del castillo Ocharan que nuestro Ayuntamiento aceptó sin rechistar), por importe de 104.647 €, un 15 % de sobrecoste con respecto al precio de adjudicación. A lo que deberemos añadir 45.200 € que se va a costar la estabilización de una ladera (un 6 % más de sobrecoste) 10 meses después de finalizadas las obras. Sin olvidarnos que la empresa constructora solicita otros 153.014 € por los casi 100 días que estuvo parada la obra en dos períodos. Todo esto suma la bonita cantidad de 302.861 €, que supondrían un sobrecoste total del 43 % sobre la cantidad inicialmente presupuestada.

 

Cuando la situación es a la inversa, las empresas concesionarias de obras municipales no perdonan al Ayuntamiento ni un míserable euro. Por tanto, Podemos Castro va a preguntarle al Concejal de Urbanismo y a Intervención si el Ayuntamiento piensa imponer penalizaciones a la empresa SIECSA por estos retrasos en la obra del depósito de agua de La Loma, retrasos achacables sin duda a la empresa concesionaria.

 

Por si esto fuera poco, el partido ecologista EQUO, presentó hace un mes alegaciones contra la destrucción del camino medieval entre Chinchapapa y el alto de Valverde, por donde la adjudicataria ha hecho la canalización para llenar el depósito desde el bombeo ubicado junto al estadio Riomar.  Se ha transformado dicho camino medieval de alto valor ecológico en una pista forestal, sin tener en cuenta que esa zona se encuentra afectada por:

 

  • El Plan de Ordenación del Litoral (POL), ley 2/2004 de Cantabria, que fija para el monte Cueto la clasificación de AIP (Área de Interés Paisajístico).
  • Está clasificado por el Plan General de Ordenación del Municipio (PGOU) como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Ecológica.
  • Está dentro del Plan Especial de Protección Ecológica del Monte Cueto (PEPE), y del trámite ambiental al que fue sometido dicho plan.

 

Dichas alegaciones son extensas y a todas luces bien fundamentadas, cuentan además con un amplio reportaje fotográfico que pone en evidencia el destrozo cometido. Para muestra un botón:

Trazado el antiguo camino medieval entre Chinchapapa y Valverde.

Recapitulemos: se licita a una empresa mirando solo el coste, se tira palante aún con una oferta anormalmente baja, se retrasa inexplicablemente el comienzo, casi no se mueve una piedra en muchos meses y finalmente se conceden prórrogas hasta que acabe la obra evitando las sanciones correspondientes.  Un cúmulo de despropósitos. De propina nos llevamos un camino medieval convertido en pista forestal. Una gestión impecable.

 

De todo este escandaloso proceso, desde el principio, se deduce una manifiesta incapacidad empresarial y una connivente responsabilidad política.