27 de septiembre de 2026
Una vez más queremos poner el foco en el acceso a la vivienda, de nuevo ante la pasividad de quienes pueden aportar soluciones mientras se echan las manos a la cabeza por casos como el de Maricarmen incluso publicando sus llantos en redes sociales. Lamentablemente si Maricarmen hubiese vivido en Castro, el resultado habría sido el mismo, porque en este caso quien puede hacer, no hace.
Evidentemente el gobierno central tiene responsabilidad tras ocho años en los que promete, pero no mete, mano entiéndase, al problema. Pero pondremos el foco en quienes tienen la competencia en vivienda, el Gobierno de Cantabria y por cercanía en nuestro ayuntamiento.
Reiteramos que un problema de tal magnitud no se solucionará con actuaciones sencillas, pero es intolerable la inacción durante meses. Del gobierno regional poco que esperar, el plan para bonificar la puesta en el mercado de viviendas vacías ni saben que existe aunque se aprobó hace cuatro años, la declaración de zona tensionada del municipio que impulsamos hace otro tanto, directamente les da risa y la única actuación que proponen es un pelotazo urbanístico de promoción privada del que tampoco hay novedades desde hace meses.
En cuanto al ayuntamiento más pasividad. Hemos escuchado la cantinela de que no tenemos competencias desde que entramos al consistorio hace siete años, al principio con el partido socialista y los tres últimos con Castro Verde. Desde el resto de la oposición tampoco ha habido mucho apoyo, no nos vamos a engañar.
Reseñar dos ejemplos acontecidos la última semana:
Para empezar una abogada especializada aseguraba estos días en una entrevista que “es una inseguridad jurídica muy grande para los castreños carecer de una normativa al respecto. Cada vez viene más gente: ¿qué cuesta regularizar esto? No Cuesta nada. Muchos ayuntamientos ya lo han hecho”. Más claro el agua, pasividad.
Segundo, a pesar de que lo hemos perseguido años en comisiones y plenos seguimos sin resultado, ahora vemos que Bilbao aplicará un recargo del 75 % en el IBI a viviendas vacías y una bonificación del 99 % a pisos que se destinen a alquiler público. También han aprobado un gravamen, por persona y noche, con un máximo de 6 días, que va desde 1 a 5 euros en hoteles, de 1 euro en pensiones, campings y agroturismos, casas rurales y albergues, de 3,50 euros en apartamentos y de 6,50 euros en viviendas de uso turístico. Lo hace un ayuntamiento, no hay excusa para no actuar igual, o simplemente para no actuar.






































