27 de agosto de 2025

Queremos mostrar nuestro rechazo al acuerdo anunciado en prensa para la construcción de viviendas de alquiler asequible en el municipio. Se trata de una medida a todas luces cara, lenta y contraria al interés general, ya que destina recursos públicos a un modelo que favorece la especulación inmobiliaria y el beneficio privado en lugar de garantizar el derecho a la vivienda.

El Ayuntamiento prevé invertir cerca de 4 millones de euros: 1,5 millones en urbanizar tres parcelas y la cesión de las mismas —con una superficie total de 4.139 m² y un valor superior a los 2 millones—. ¿Para qué? Para obtener apenas 70 viviendas de alquiler asequible, que ni siquiera serán sociales, y que gestionará una constructora durante 50 años. A cambio, aproximadamente el 90% del total de viviendas que se edifiquen se destinarán a la venta privada. Es un negocio redondo para unos pocos, pero a costa del patrimonio municipal.

Esta fórmula es deficitaria y profundamente lesiva para el interés público. La prioridad debe ser la promoción directa de vivienda social de titularidad pública. Que la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria impulse este modelo resulta preocupante; que el Ayuntamiento lo acepte y facilite, aún más.

El problema del acceso a la vivienda es urgente y no puede esperar a plazos de 3 o 4 años que requiere la obra nueva: En Cantabria hay cientos de pisos y casas abandonadas. Incluso en la misma calle donde se ubican estas parcelas existe una urbanización vacía desde la crisis de 2008. Ya en octubre pasado solicitamos en el Parlamento, mediante una PNL, que estas promociones se transformen en vivienda pública a través de la figura del PSIR.

Rehabilitar y poner esas viviendas en alquiler social sería una medida más rápida, lógica y económica. El acceso a la vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales problemas que fracturan a la sociedad cántabra. Y es la juventud la que más lo sufre: Cantabria ocupa el penúltimo lugar en tasa de emancipación, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.

Reclamamos un cambio profundo en las políticas de vivienda tanto a nivel regional como municipal: Declarar Castro Urdiales como zona tensionada. Elaborar un nuevo Plan General que reserve suelo para vivienda protegida. Movilizar la vivienda vacía con el plan Moviva, que garantiza a los propietarios el cobro y mantenimiento a cambio de precios asequibles. Aplicar un recargo en el IBI a los grandes tenedores con pisos vacíos. Rehabilitar las viviendas de la Sareb y destinarlas a alquiler social.

Sabemos que ninguna medida por sí sola resolverá el problema, pero lo que está claro es que entregar suelo y dinero público para favorecer negocios privados no es el camino. Necesitamos soluciones que pongan por delante a la gente y no a los especuladores.